Las recientes decisiones tomadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han venido a confirmar que en México vivimos inmersos en una democracia minimalista, de procedimientos más que de principios, de respeto a reglas con un rigor normativista, que contradice, cuando no vulnera los valores establecidos en la Constitución y las más elementales teorías de la democracia liberal contemporánea. El colmo ha sido la reciente sentencia emitida por el voto mayoritario de cuatro magistrados (minúscula intencional) que ha permitido la inscripción de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El bronco”, en la contienda electoral, vía candidatura independiente. A través de una muy controversial (y controvertida) posición que incluso han llegado a suponer como “garantista”, los intérpretes de la norma electoral han dado al traste con años de esfuerzos a favor de la confianza, seguridad jurídica y legitimidad en nuestros procesos electorales. En nada han abonado a la tarea inacabable y compleja de estas épocas de brindar certeza a la democracia, cuya popularidad continúa en caída libre. No pretendo hacer un análisis exhaustivo y de fondo a dicha resolución, pues no es mi área el derecho electoral, y en aras de la responsabilidad, evitaré un pronunciamiento que no alimente el debate informado y serio, pero sí, aproximo algunas notas a sobre el exceso cometido, y los costos inmediatos para nuestra democracia que no acaba de consolidarse, y que, con este tipo de determinaciones, alarga innecesariamente su proceso de transición.

La confianza que pretendimos construir a través de un sólido e innovador andamiaje institucional a favor de la única parte que podíamos generar a través de reformas, que era la de una democracia procedimental, está en pleno retroceso. Porque eso es, una democracia formal, que no sustantiva. Para dar luz a esta definición, acudamos a Luigi Ferrajoli: Según la concepción al parecer dominante, la democracia consiste únicamente en un método de formación de las decisiones colectivas: precisamente, en el conjunto de las reglas que atribuyen al pueblo, y por lo tanto a la mayoría de sus miembros, el poder –directo o a través de representantes– de tomar decisiones. Ésta no es sólo la acepción etimológica de “democracia”, sino también la concepción unánimemente compartida –desde Kelsen a Bobbio, de Schumpeter a Dahl– de la teoría y de la filosofía política. Podemos llamar formal o procedimental a esta definición de la democracia. De hecho, ella identifica a la democracia únicamente sobre la base de las formas y de los procedimientos idóneos para garantizar la voluntad popular: en otras palabras, sobre la base del “quién” (el pueblo o sus representantes) y del “cómo” (la regla de la mayoría) de las decisiones, independientemente de sus contenidos, cualesquiera que ellos sean. (Teorías de la Democracia. Dos perspectivas comparadas. Michelangelo Bovero, Luigi Ferrajoli, Conferencias Magistrales, Instituto Nacional Electoral).

En otras ocasiones aquí mismo hemos descrito que las ausencias de ciertas condiciones (precondiciones según Bovero), impiden el paso de esta democracia procedimental, a una sustancial, pero a ésas razones, que podríamos llamar colaterales de origen, se han venido a sumar éstas que podríamos titular como consustanciales, es decir, en el cuerpo mismo de las decisiones procedimentales de ésa democracia formal, gracias a sentencias como la ya mencionada del TEPJF.

Las reglas procedimentales han venido a darle al traste a lo que pretendían garantizar: los principios que debían regir el proceso de lucha por el poder, a partir del cumplimiento de condiciones básicas; dicha vulneración incluso contradice lo que, en la teoría garantista, Ferrajoli, distinguió entre democracia adjetiva y democracia sustancial. No hay de dónde aferrarse para defender un atropello a la más mínima decencia en esta resolución.

Más allá del caso del Bronco y el Pleno de este Tribunal, el reto sigue siendo el mismo: vigilar de manera permanente la consolidación de la democracia (cuando menos en su concepción formal) y sus instituciones. No olvidemos, no omitamos, no repitamos.

@CarlosETorres_
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Ahora que han comenzado las campañas rumbo a la Presidencia de la República y demás cargos del orden federal, no caería mal a los candidatos, equipos de campaña y promotores de los mismos, que le dieran un vistazo al libro del Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), Pedro Salazar Ugarte, El Poder Ejecutivo en la Constitución mexicana, del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías, pues pareciera que a pesar de las reformas constitucionales y políticas que hemos realizado en los últimos cuarenta años no les han pasado por la mente a la hora de hacer propuestas a diestra y siniestra, sin explicar, por ningún lado (incluyendo los programas de gobierno), cómo deberán atender la constelación de entes públicos que hoy no dependen más del Presidente de la República, y que por el contrario, han surgido en el pleno ánimo de menoscabar su amplitud de funciones y facultades.

Ya lo escribía el propio Salazar Ugarte en un artículo reciente en El Financiero (¿Los tienen en WhatsApp?*) “Las tareas que realizan el Banco de México, el Inegi, la CNDH, el IFE, el Ifetel, la Cofece, el INEE, el INAI y, así sucesivamente, algún día fueron competencia del presidente de la República. Ello ha implicado una merma muy considerable a los poderes constitucionales del Poder Ejecutivo, que se perfeccionará cuando adquiera autonomía la Fiscalía General de la República (hoy PGR). De hecho, al menos en teoría, esos organismos nacieron para liberar del control político presidencial ciertas materias estratégicas para el desarrollo y la modernización del país. Se le conculcó al presidente la potestad de organizar las elecciones, de garantizar los derechos humanos, de generar la información estadística, de regular los medios de comunicación, etcétera. Ello para despolitizarlas y, en paralelo, para acotar y controlar las facultades de un poder que había nacido ‘supremo’ en la Constitución de 1917.”

Así pues no se entiende cómo el candidato del Frente (PAN-PRD-MC), propone llevar a la cárcel al actual Presidente, y no iniciar un proceso de investigación que posteriormente pudiera llevar al fincamiento de responsabilidades; se entiende que ha querido desprenderse del lenguaje (que no de las conductas) tradicionales, pero ha venido a caer en el absurdo de morderse la lengua, al distanciar en tan solo un par de minutos su amenaza (no es otra cosa, pues ni a propuesta llega), con su sí compromiso reiterado (y negado en los hechos y candidaturas conocidas y por conocer de quiénes lo postulan) de convocar a un “cambio de régimen”.

Del otro lado está la eterna propuesta de refundar (o regenerar, elija a gusto) un estado, a partir de un hombre y su visión, sus presumibles (pero críticamente dudosos) valores y su voluntad, su permanente incomprensión de las autonomías y de las tendencias que no se explican en los clásicos de los que nacieron las ideas de la división de poderes y el liberalismo democrático decimonónico.
Un pobre entendimiento del sistema presidencialista en general, pero también de su reciente reconfiguración en nuestra Constitución, podría no solo invocar nuevos problemas, sino generar y agravar las crisis institucionales ya existentes, al provocar constantes litigios y conflictos entre poderes, órganos constitucionales autónomos (OCAs) e incluso niveles de gobierno.

No hay ya un Presidente omnipotente salvo en la imaginación y ambición de algunos, que no se sostiene en el nuevo diseño constitucional al que hemos abordado, que se acerca cada vez más, con todo y sus inevitables descalabros, tropiezos y a veces hasta despropósitos, al modelo de democracia constitucional, también abordado de manera por demás interesante y oportuna por el Doctor Salazar Ugarte. ■

* http://elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/los-tienen-en-whatsapp

@CarlosETorres_
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Foto de etcetera.com.mx

Ya vamos a empezar. En unos días el período de campañas iniciará y con ello nos veremos atiborrados de spots, mensajes, debates y noticias en torno a un proceso tan importante como cansado. Es triste que estos dos calificativos estén mezclados hoy en día. Es lamentable el estado en el que se encuentra nuestra democracia, apenas naciente, luego de ser una causa que unió a tantos mexicanos, en la idea de que sus mecanismos y equilibrios nos permitirán arribar a una etapa desconocida en nuestra historia. Es también un asunto preocupante, el que nuestra clase política haya pluralizado los males atribuibles a la hegemonía, sin haber adquirido sus destrezas. Creyendo que avanzábamos hacia una democracia sin adjetivos (Krauze dixit), arribamos a una que, por no desconocer como tal, hemos adjetivado hasta agotar su esencia.

Y sin embargo es de suma importancia reconocer lo logrado, que no ha sido para nada poco. Recientemente escuchaba algo cierto, inobjetable, pero también obviado en estos días: las democracias que hoy admiramos, tardaron siglos en convertirse en lo que hoy son. No se lograron en 50 años, como pretendemos nosotros y sin embargo no estamos siquiera cerca de dónde comenzamos. Al presente hemos desarticulado un poder predominante sin competencia, cuyas facultades metaconstitucionales eran más que claras, a uno que apenas y de pronto pretende mantener su influencia; hemos hecho de nuestro Poder Legislativo uno en el que el consenso puede estar ausente durante meses, y qué a su vez, se permite crear gobernabilidad a través de equilibrios, que si bien, no han atendido las demandas sociales y cívicas como quisiéramos, tampoco han podido evitar ya responder a iniciativas que miraban con recelo. Tenemos un Tribunal Constitucional que ejerce con argumentos su papel de intérprete de la
Constitución y las leyes, que nos ha llevado a todos, en todas las latitudes del espectro ideológico y político, a estar en desacuerdo con sus determinaciones en más de una ocasión. En la órbita de los tres poderes mencionados, gravitan un cúmulo de figuras constitucionales autónomas, casi todas emanadas de alguna función antiguamente reservada al Ejecutivo, que hacen realidad igual grupo de derechos humanos, concepto novedoso que ha venido a transformar no solo la visión de los operadores jurídicos, también de la sociedad y sus instituciones en conjunto.

México no es el de 1968, y sin embargo nos falta tanto. Requerimos de un esfuerzo conjunto que permita a nuestra clase política dejar de simular y hacer una labor real por entender el tiempo en el que vivimos, sus retos, complejidades y también, sus bondades. Tenemos retos que son ineludibles: abatir la corrupción, disminuir la desigualdad, prevenir y castigar las violaciones a derechos humanos. Estos tres, son los retos que en global nos permitirán retornar al camino comenzado en 1997, cuando una mayoría de mexicanos decidió darle pluralidad a sus instituciones y con ello, hacer de las elecciones un instrumento que imprimió de constitucionalidad democrática al conjunto del Estado y su sociedad.

Perdone usted el abuso del sabinero “y sin embargo”, pero como la canción del “flaco”, nuestra democracia es, como lo son todas, un sistema complejo más que romántico, una construcción en permanente obra negra, una causa inacabada y una tarea permanente, no solo el ideal, del que, por cierto, estamos más cerca de lo que estábamos.

Atendamos pues el proceso que está por venir con toda la energía que nos requiere ser ciudadanos: críticos, exigentes y consistentes. El México que todos queremos no se construirá mañana, ni el próximo sexenio, pero sí podremos lograr que sea cual sea el resultado, vaya en un solo sentido: el del progreso.

@CarlosETorres_
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Recientemente en México, se llevó a cabo la reforma en materia anticorrupción más trascendente de nuestra historia. Originada por diversos escándalos de corrupción, dicha reforma dio origen al entramado institucional conocido como Sistema Nacional Anticorrupción, que crea instancias, articula y mejora agencias del Estado, así como permite la participación ciudadana.

El Sistema Nacional Anticorrupción integró al Comité de Participación Ciudadana, conformado por cinco ciudadanos que deben acreditar calidad técnica y prestigio social, así como trayectoria en materia de rendición de cuentas, transparencia y control gubernamental. Otorga legitimidad a la Secretaría de la Función Pública (Contraloría Gubernamental), al establecer que su titular debe ser confirmado por el Senado de la República. Amplía las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, instancia con autonomía técnica y presupuestal de la Cámara de Diputados para vigilar el uso y gasto del presupuesto federal; mejora el diseño de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción; creó el Tribunal de Justicia Administrativa, que a su vez tendrá la última palabra en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; y finalmente agregó a estas instituciones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como a la Judicatura Federal, órgano de control y vigilancia del Poder Judicial. Este esquema, con cierto margen de configuración, ha sido replicado en las 32 entidades federativas mexicanas.

La estructura además creó el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, mediante la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que será encabezado por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, es decir por un ciudadano. También se promulgó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, homologando así criterios, ampliando conceptos e innovando a su vez figuras jurídicas e hipótesis de derecho que permiten la inserción de mejores prácticas internacionales en materia de combate a la corrupción, por ejemplo la prevención, identificación, denuncia y persecución de posibles conflictos de intereses.

En algunos casos, como el del Estado de México (centro del país), se posibilitó la creación de Sistemas Municipales Anticorrupción, lo que significa un importante esfuerzo en el sentido correcto: el municipio, con una amplísima historia política- comunal en México, tienen una lógica de cercanía e identidad única en comparación con los otros dos niveles de gobierno (estatal y federal). Además permite que la ciudadanía identifique la inmediata correlación entre la calidad de los servicios públicos más cotidianos, con la efectividad del combate a la corrupción.

En Zacatecas, no se previeron tales figuras y solo se asimiló el modelo federal, por lo que la propuesta sería la siguiente: la creación, o cuando menos, la posibilidad abierta, para que todos aquellos municipios que así lo deseen, pero obligatorio para los municipios con una población mayor a los cincuenta mil habitantes, de una Comisión Municipal Anticorrupción (CoMunA), con la siguiente integración: Un presidente, que será un ciudadano electo, mediante mecanismo democrático, abierto y transparente por la sociedad; un secretario técnico, que será el contralor municipal (figura ya existente), el titular de la Unidad de Transparencia del Municipio (figura también ya existente), el síndico, dos regidores de las dos principales fuerzas políticas de oposición representadas en el Cabildo, un representante del Alcalde y a su vez, un representante de la Auditoría Superior del Estado y uno de la Secretaría de la Función Pública. En total nueve integrantes.

Derivado de que solo se crearía una nueva figura (la del Representante Ciudadano), no se estaría generando más burocracia, y al contrario, se abriría la puerta a la voz de la sociedad no identificada con un proyecto partidista. A su vez, debe quedar claro que los funcionarios ya existentes no recibirán remuneración extra alguna por esta nueva labor pública. Los objetivos que se persiguen con ello es ampliar el diseño y los esfuerzos institucionales y políticos en la prevención, detección y denuncia de actos de corrupción en todos los niveles. Zacatecas, por ejemplo, cuenta en su división político-territorial, con 58 municipios; es imposible que ante un reto de ese tamaño, las agencias estatales locales, atiendan los múltiples conflictos que este complejo fenómeno presenta. La articulación al nivel más micro-institucional, permite alcanzar las metas en este sentido. Hay que volver a pensar en la lógica local, seguro al final del día, será la primera que nos permitirá recuperar la confianza y legitimidad de las relaciones Estado sociedad.

*Una versión de este texto fue presentada como trabajo de análisis en el Diplomado Transparencia y Seguridad Jurídica del Instituto Iberoamericano de Liderazgo y la Fundación Ortega y Gasset.

Durante los últimos quince años (por lo menos) en México hemos avanzado rumbo a la construcción de una sólida arquitectura institucional que nos permita una efectiva rendición de cuentas. No ha sido menor, en términos de Mauricio Merino, se trata de una segunda transición, que fortalece, consolida y confirma la primera, pues sin accountability (entendida como las condiciones de que las autoridades respondan por sus acciones y decisiones), la democracia pasa a ser un mecanismo que se consuma en sí mismo, sin oportunidad de legitimidad inter-elecciones.

En nuestro país esta trayectoria inició con distintos esfuerzos políticos, en un primer momento desde la perspectiva institucional, con la creación de la Contraloría (luego Función Pública), de la Auditoría Superior de la Federación y la apuesta por la pluralidad legislativa, luego con la intención de que a través de la información, la ciudadanía se permitiera llamar a cuentas a sus gobiernos. Las reformas que permitieron el resurgimiento, en términos constitucionales, y el nacimiento de un concepto social tan importante como lo es la transparencia, tienen su origen en el trabajo cívico de una sociedad que despertaba al siglo ávida de apropiarse del Estado que le pertenece. Ese ánimo continúa en ascenso. No es cosa menor lo que se ha logrado en tan solo 40 años de reformas electorales y de transición hacia un Estado Constitucional de Derecho.

La transparencia pues, se ha convertido en un término identificado con la integridad institucional, pero también con una exigencia ciudadana que otorga confianza. Sin embargo, el contexto actual nos dice lo que a priori sabíamos: no basta. No basta porque el objetivo mismo de la transparencia es que cada ciudadano se convierta en un auditor de todos los gobiernos y sus funcionarios. Sin éste papel insustituible, el concepto pasa a los libros, discursos y lo que es peor: la simulación.

Lo que también es cierto es que la problemática social se ha venido complejizando a tal grado que por más eficaces, eficientes, costosas e importantes que sean las políticas públicas implementadas por el Estado, no alcanzan a resolverla.

Así se ha ido formando una necesaria pinza entre las demandas de la sociedad y las políticas de la administración pública: el gobierno abierto. Originado (recientemente) con el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto, del Presidente angloamericano Barack Obama, el debate conceptual surgió a partir de sus elementos en este documento: transparencia, participación y colaboración. La transparencia entendida como la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a toda la información sobre el actuar del Estado, en todo momento, desde cualquier lugar, haciendo uso de las tecnologías de la información; la participación como la oportunidad de que los ciudadanos participen en la elaboración de políticas públicas y finalmente, la colaboración se refiere a la cooperación más allá de lo individual de actores diferentes al Estado (ejemplo, las asociaciones público-privadas).

El concepto de Gobierno Abierto ha venido avanzando tanto teórica como institucionalmente. Así la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), un esfuerzo supranacional por impulsar la iniciativa también ha aportado a los principios ya mencionados, el de la integridad profesional, que reconoce el hecho de que sin prácticas éticas en la función pública, difícilmente se podrán cumplir las metas de un gobierno cuya apertura funcione para todos, en todos los niveles: legitimidad para el sistema político, oportunidad de participación y mejora de servicios y garantía de derechos para los ciudadanos y la posibilidad de que organizaciones y asociaciones participen de los proyectos del gobierno.

Hay experiencias que nos dicen que no debe bastarnos con un Gobierno Abierto, en el sentido limitado del término, hay que ir por un Estado abierto, que contemple todos los niveles, todos los poderes a todos los órganos de nuestro sistema político.

En Zacatecas, hay que reconocerlo y decirlo, hay dos esfuerzos destacables e importantes en este sentido. El primero, es el que ha desarrollado el Gobierno del Estado, a través de su entramado de plataformas conocido como Avancemos Todos, que permite máxima transparencia, uso de datos abiertos, participación y colaboración. Esta política nos permite hablar del inicio del trayecto hacia un Gobierno Abierto. El otro es el que ha impulsado el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Abiertos, a través del Ejercicio Local de Gobierno Abierto y su Secretariado Técnico, en el que participan diferentes representantes de la sociedad civil, cuyas propuestas van enfocadas a todos los niveles y órganos del Estado, por lo que este esfuerzo cabe en la meta del Estado Abierto. Ambas iniciativas, de las que he tenido oportunidad de conocer de cerca, van en el sentido correcto y permiten aspirar a una mejora sustancial de nuestra concepción de lo público a través de los distintos conceptos que como sociedad democrática y moderna hemos venido construyendo.

@CarlosETorres_
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