En mi tesis de licenciatura escribí: “La elección de 2006, queda registrada como una de las crisis más complejas para la reciente consolidación democrática, sin que por ello podamos hablar de una interrupción como lo ha señalado Encinas Nájera, por dos motivos principales: El propio sistema presidencialista tiene la característica esencial de tener como piedra angular del sistema político a la figura de quién encabece el Poder Ejecutivo, único que es depositado en una sola persona y cuyas facultades, aunque cada día más restringidas y acotadas, siguen siendo de suma importancia, trascendencia e influencia en el resto de la estructura estatal, sin embargo, dichas características no pueden atribuirse como un vicio de la democracia, sino como una imperfección que, en la forma misma de gobierno que hemos adoptado, será casi imposible salvar, más aún con la estudiada admiración y proclividad del mexicano a la figura presidencial, a la que se le atribuyen poderes meta-institucionales, culpas insufribles y facultades inexistentes hoy en día.

El hecho de que la propuesta hecha por la izquierda en México no haya logrado consolidarse de tal forma que alcance la Presidencia de la República no menoscaba la realidad democrática del país; dicha opción se ha ubicado, en la etapa post-alternancia, en el segundo lugar de las preferencias electorales para tal elección, misma posición que se ha encargado también de perder para la elección intermedia inmediata siguiente. Los vicios que aquejaron a la izquierda antes del 88, retornaron con sus habituales daños: canibalismo político, caudillismo, la dominación de una propuesta pre-moderna y la falta de consensos internos que permitan al elector confiar en una opción que se auto-flagela. Incluso, quiénes han estudiado con rigor la elección de 2006 y se pronuncian por un fraude (indemostrable), han coincidido en los errores y soberbia que la figura mesiánica de su principal figura cometió a raíz de una victoria auto-asegurada. Ello en contra argumento al libro 2006: la transición interrumpida, de Alejandro Encinas Nájera, que tuve el gusto de presentar en Zacatecas, junto al Director de este medio, Raymundo Cárdenas Vargas y el intelectual Gustavo Gordillo, en 2012.

Lo anterior ha venido a colación por un artículo que recientemente publicó en El País, Héctor Aguilar Camín titulado: México saltando al pasado, en el que desoye e ignora las despreocupaciones de un amplio sector de la sociedad mexicana sobre un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Tampoco coincido en la exageración de mi argumento inicial de este artículo: tan como la transición mexicana no culmina ni se expresa en el triunfo de un proyecto de izquierda en México, como tampoco la agota, la interrumpe o la trasgrede.

Este no es un texto que celebre la posibilidad de que López Obrador se convierta en Presidente, creo por el contrario que hay que ajustar su demagogia a la realidad institucional actual en México: exagera las posibilidades de su eventual poder, y como escribí hace algunas semanas aquí mismo, no sabe que ser Presidente, ya no es lo mismo que antes. AMLO se considera sí, un Presidente de la etapa hegemónica, pero es así por su constante desprecio a las instituciones mexicanas del siglo XXI, porque en su desafecto a la modernización del Estado mexicano, ha obviado estudiarlas y porque, entiende muy poco sobre el Estado Democrático Constitucional en el que hoy se explica nuestro sistema político, en su esfera jurídica-institucional.

López Obrador se toparía con una realidad que desconoce: la de la pluralidad, limitación de poderes, instrumentos jurídicos, institucionales y constitucionales, que le impedirán hacer que su voluntad se convierta en ley, y menos aún en actos de autoridad consumados, sin más que una burda explicación sobre su calidad moral.

En este sentido, tanto Aguilar Camín, como López Obrador exageran las consecuencias de un posible triunfo de éste: ni podrá ser tan poderoso como el primero teme, ni podrá desarrollar la demagogia a la que el segundo aspira. Si acaso logra ganar el candidato de Morena, la transición mexicana no habrá culminado, quizá haya que forzarla más, mantenerla y confrontar a un seguro opositor a ella que dice ser su abanderado, pero tampoco, no sí no lo permitimos, se interrumpirá. ■

@CarlosETorres_
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Frente al evidente desgaste en el que se encuentra el sistema democrático liberal en todo el mundo, partidos políticos, académicos, gobiernos enteros y actores públicos en general han recurrido a la permanente interrogante ¿cómo rescatar a las repúblicas del complejo momento por el que atraviesan, en su relación más importante: la del Estado con sus ciudadanos? No hay en absoluto en este texto una solución, pero sí una aproximación a un concepto que ha venido irrumpiendo, y cuya base resultaría del sentido común más elemental y que sin embargo ha sido abandonado hace años por las instituciones y sus operadores, los servidores públicos: la apertura a no perder nunca el carácter, la inquietud y el rol de ciudadano.

Se ha visto como el enfoque racional de las políticas públicas ha resultado no solo en estrategias fallidas, sino adicionalmente impopulares. No podría ser de otra manera cuando los tecnócratas han infestado al Estado, arrojando a los políticos (en el sentido bondadoso y vocacional del término) a tareas meramente electorales: los servidores públicos con sensibilidad social como medio, y los expertos como fin, sin que exista nexo alguno con la legitimidad, razón misma de la política y base indispensable, inherente e inevitable de todo Gobierno, en cualquier ámbito, órgano o nivel del que se trate. Hay que decir, en favor de los racionalistas, que los políticos tradicionales, solían abandonar abusivamente la técnica, lo que también golpeó severamente a la democracia (y en México, a la legitimidad de la que gozó el ogro filantrópico, en palabras de Octavio Paz). Luego entonces ¿cuál es la justa media que permitiría al Estado, la política, la democracia y los servidores públicos retornar hacia la legitimidad, la confianza y la hoy necesaria y urgente colaboración? Podríamos aproximarnos a una vía (no única, no confirmada, debatible) que es la del Estado Abierto (es decir: Gobierno, Parlamento y Tribunales Abiertos).

Habrá que enunciar apenas los principios mayormente aceptados del Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración. Es evidente que además de otorgar información fidedigna para las decisiones (transparencia), para lograr el involucramiento y luego la plena disposición a aportar soluciones a la problemática común, debe existir un mecanismo de comunicación entre instituciones y ciudadanía funcional, diferente a los actuales que informan en una sola vía; y de sensibilidad y apertura para la recepción de inconformidades, demandas, denuncias incluso, e incentivar la confianza que se requiere para la emisión de propuestas de solución. No es posible lograr esto sí se gobierna desde el buró, desde la élite intelectual-racional y menos aún a la distancia que genera la posición entre autoridad y gobernado. El esquema vertical no solo crea desconfianza, también afecta la calidad de la información que se recibe. Aquí reside la importancia de que no solo sea el Poder Ejecutivo el que implemente una política de apertura institucional, sino también los Legisladores (que en teoría estarían obligados a hacerlo) y los jueces (cuya distancia del ciudadano es histórica). Al Gobierno un paradigma horizontal le permitiría entender mejor qué problema está en la agenda social, para diseñar políticas públicas que se retroalimenten no sólo en las teorías, sino en los casos concretos; al Legislativo, le abriría la oportunidad de entender qué normatividad y pronunciamientos le urgen e importan a sus representados y cuáles son las hipótesis jurídicas que hay que construir para alcanzar el objetivo mismo de las leyes; y finalmente a los Tribunales, les aportaría elementos suficientes para dotar a sus sentencias y medidas de claridad lingüística, y beneficiaría la obligada búsqueda de legitimidad democrática en la que debe estar inmerso el Poder Judicial, cada vez más central en nuestra vida pública. Ante la duda de cómo lograr un enfoque socio-céntrico (utilizado por el teórico del Gobierno Abierto, Oscar Ozlak), la respuesta podría estar en no perder nunca el rol de ciudadano una vez en el servicio público y/o el papel de autoridad: pensar como ciudadano, dudar como ciudadano, cuestionar como ciudadano, con las preguntas, expectativas, experiencia, problemática y creatividad cotidiana que las personas, en lo individual y en lo colectivo, implementan para solucionar los conflictos que le aquejan día con día, en pocas palabras ser un ciudadano irrenunciable y permanentemente.

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Ahora que han comenzado las campañas rumbo a la Presidencia de la República y demás cargos del orden federal, no caería mal a los candidatos, equipos de campaña y promotores de los mismos, que le dieran un vistazo al libro del Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), Pedro Salazar Ugarte, El Poder Ejecutivo en la Constitución mexicana, del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías, pues pareciera que a pesar de las reformas constitucionales y políticas que hemos realizado en los últimos cuarenta años no les han pasado por la mente a la hora de hacer propuestas a diestra y siniestra, sin explicar, por ningún lado (incluyendo los programas de gobierno), cómo deberán atender la constelación de entes públicos que hoy no dependen más del Presidente de la República, y que por el contrario, han surgido en el pleno ánimo de menoscabar su amplitud de funciones y facultades.

Ya lo escribía el propio Salazar Ugarte en un artículo reciente en El Financiero (¿Los tienen en WhatsApp?*) “Las tareas que realizan el Banco de México, el Inegi, la CNDH, el IFE, el Ifetel, la Cofece, el INEE, el INAI y, así sucesivamente, algún día fueron competencia del presidente de la República. Ello ha implicado una merma muy considerable a los poderes constitucionales del Poder Ejecutivo, que se perfeccionará cuando adquiera autonomía la Fiscalía General de la República (hoy PGR). De hecho, al menos en teoría, esos organismos nacieron para liberar del control político presidencial ciertas materias estratégicas para el desarrollo y la modernización del país. Se le conculcó al presidente la potestad de organizar las elecciones, de garantizar los derechos humanos, de generar la información estadística, de regular los medios de comunicación, etcétera. Ello para despolitizarlas y, en paralelo, para acotar y controlar las facultades de un poder que había nacido ‘supremo’ en la Constitución de 1917.”

Así pues no se entiende cómo el candidato del Frente (PAN-PRD-MC), propone llevar a la cárcel al actual Presidente, y no iniciar un proceso de investigación que posteriormente pudiera llevar al fincamiento de responsabilidades; se entiende que ha querido desprenderse del lenguaje (que no de las conductas) tradicionales, pero ha venido a caer en el absurdo de morderse la lengua, al distanciar en tan solo un par de minutos su amenaza (no es otra cosa, pues ni a propuesta llega), con su sí compromiso reiterado (y negado en los hechos y candidaturas conocidas y por conocer de quiénes lo postulan) de convocar a un “cambio de régimen”.

Del otro lado está la eterna propuesta de refundar (o regenerar, elija a gusto) un estado, a partir de un hombre y su visión, sus presumibles (pero críticamente dudosos) valores y su voluntad, su permanente incomprensión de las autonomías y de las tendencias que no se explican en los clásicos de los que nacieron las ideas de la división de poderes y el liberalismo democrático decimonónico.
Un pobre entendimiento del sistema presidencialista en general, pero también de su reciente reconfiguración en nuestra Constitución, podría no solo invocar nuevos problemas, sino generar y agravar las crisis institucionales ya existentes, al provocar constantes litigios y conflictos entre poderes, órganos constitucionales autónomos (OCAs) e incluso niveles de gobierno.

No hay ya un Presidente omnipotente salvo en la imaginación y ambición de algunos, que no se sostiene en el nuevo diseño constitucional al que hemos abordado, que se acerca cada vez más, con todo y sus inevitables descalabros, tropiezos y a veces hasta despropósitos, al modelo de democracia constitucional, también abordado de manera por demás interesante y oportuna por el Doctor Salazar Ugarte. ■

* http://elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/los-tienen-en-whatsapp

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Foto de etcetera.com.mx

Las recientes decisiones tomadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han venido a confirmar que en México vivimos inmersos en una democracia minimalista, de procedimientos más que de principios, de respeto a reglas con un rigor normativista, que contradice, cuando no vulnera los valores establecidos en la Constitución y las más elementales teorías de la democracia liberal contemporánea. El colmo ha sido la reciente sentencia emitida por el voto mayoritario de cuatro magistrados (minúscula intencional) que ha permitido la inscripción de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El bronco”, en la contienda electoral, vía candidatura independiente. A través de una muy controversial (y controvertida) posición que incluso han llegado a suponer como “garantista”, los intérpretes de la norma electoral han dado al traste con años de esfuerzos a favor de la confianza, seguridad jurídica y legitimidad en nuestros procesos electorales. En nada han abonado a la tarea inacabable y compleja de estas épocas de brindar certeza a la democracia, cuya popularidad continúa en caída libre. No pretendo hacer un análisis exhaustivo y de fondo a dicha resolución, pues no es mi área el derecho electoral, y en aras de la responsabilidad, evitaré un pronunciamiento que no alimente el debate informado y serio, pero sí, aproximo algunas notas a sobre el exceso cometido, y los costos inmediatos para nuestra democracia que no acaba de consolidarse, y que, con este tipo de determinaciones, alarga innecesariamente su proceso de transición.

La confianza que pretendimos construir a través de un sólido e innovador andamiaje institucional a favor de la única parte que podíamos generar a través de reformas, que era la de una democracia procedimental, está en pleno retroceso. Porque eso es, una democracia formal, que no sustantiva. Para dar luz a esta definición, acudamos a Luigi Ferrajoli: Según la concepción al parecer dominante, la democracia consiste únicamente en un método de formación de las decisiones colectivas: precisamente, en el conjunto de las reglas que atribuyen al pueblo, y por lo tanto a la mayoría de sus miembros, el poder –directo o a través de representantes– de tomar decisiones. Ésta no es sólo la acepción etimológica de “democracia”, sino también la concepción unánimemente compartida –desde Kelsen a Bobbio, de Schumpeter a Dahl– de la teoría y de la filosofía política. Podemos llamar formal o procedimental a esta definición de la democracia. De hecho, ella identifica a la democracia únicamente sobre la base de las formas y de los procedimientos idóneos para garantizar la voluntad popular: en otras palabras, sobre la base del “quién” (el pueblo o sus representantes) y del “cómo” (la regla de la mayoría) de las decisiones, independientemente de sus contenidos, cualesquiera que ellos sean. (Teorías de la Democracia. Dos perspectivas comparadas. Michelangelo Bovero, Luigi Ferrajoli, Conferencias Magistrales, Instituto Nacional Electoral).

En otras ocasiones aquí mismo hemos descrito que las ausencias de ciertas condiciones (precondiciones según Bovero), impiden el paso de esta democracia procedimental, a una sustancial, pero a ésas razones, que podríamos llamar colaterales de origen, se han venido a sumar éstas que podríamos titular como consustanciales, es decir, en el cuerpo mismo de las decisiones procedimentales de ésa democracia formal, gracias a sentencias como la ya mencionada del TEPJF.

Las reglas procedimentales han venido a darle al traste a lo que pretendían garantizar: los principios que debían regir el proceso de lucha por el poder, a partir del cumplimiento de condiciones básicas; dicha vulneración incluso contradice lo que, en la teoría garantista, Ferrajoli, distinguió entre democracia adjetiva y democracia sustancial. No hay de dónde aferrarse para defender un atropello a la más mínima decencia en esta resolución.

Más allá del caso del Bronco y el Pleno de este Tribunal, el reto sigue siendo el mismo: vigilar de manera permanente la consolidación de la democracia (cuando menos en su concepción formal) y sus instituciones. No olvidemos, no omitamos, no repitamos.

@CarlosETorres_
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Recientemente en México, se llevó a cabo la reforma en materia anticorrupción más trascendente de nuestra historia. Originada por diversos escándalos de corrupción, dicha reforma dio origen al entramado institucional conocido como Sistema Nacional Anticorrupción, que crea instancias, articula y mejora agencias del Estado, así como permite la participación ciudadana.

El Sistema Nacional Anticorrupción integró al Comité de Participación Ciudadana, conformado por cinco ciudadanos que deben acreditar calidad técnica y prestigio social, así como trayectoria en materia de rendición de cuentas, transparencia y control gubernamental. Otorga legitimidad a la Secretaría de la Función Pública (Contraloría Gubernamental), al establecer que su titular debe ser confirmado por el Senado de la República. Amplía las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, instancia con autonomía técnica y presupuestal de la Cámara de Diputados para vigilar el uso y gasto del presupuesto federal; mejora el diseño de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción; creó el Tribunal de Justicia Administrativa, que a su vez tendrá la última palabra en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; y finalmente agregó a estas instituciones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como a la Judicatura Federal, órgano de control y vigilancia del Poder Judicial. Este esquema, con cierto margen de configuración, ha sido replicado en las 32 entidades federativas mexicanas.

La estructura además creó el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, mediante la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que será encabezado por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, es decir por un ciudadano. También se promulgó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, homologando así criterios, ampliando conceptos e innovando a su vez figuras jurídicas e hipótesis de derecho que permiten la inserción de mejores prácticas internacionales en materia de combate a la corrupción, por ejemplo la prevención, identificación, denuncia y persecución de posibles conflictos de intereses.

En algunos casos, como el del Estado de México (centro del país), se posibilitó la creación de Sistemas Municipales Anticorrupción, lo que significa un importante esfuerzo en el sentido correcto: el municipio, con una amplísima historia política- comunal en México, tienen una lógica de cercanía e identidad única en comparación con los otros dos niveles de gobierno (estatal y federal). Además permite que la ciudadanía identifique la inmediata correlación entre la calidad de los servicios públicos más cotidianos, con la efectividad del combate a la corrupción.

En Zacatecas, no se previeron tales figuras y solo se asimiló el modelo federal, por lo que la propuesta sería la siguiente: la creación, o cuando menos, la posibilidad abierta, para que todos aquellos municipios que así lo deseen, pero obligatorio para los municipios con una población mayor a los cincuenta mil habitantes, de una Comisión Municipal Anticorrupción (CoMunA), con la siguiente integración: Un presidente, que será un ciudadano electo, mediante mecanismo democrático, abierto y transparente por la sociedad; un secretario técnico, que será el contralor municipal (figura ya existente), el titular de la Unidad de Transparencia del Municipio (figura también ya existente), el síndico, dos regidores de las dos principales fuerzas políticas de oposición representadas en el Cabildo, un representante del Alcalde y a su vez, un representante de la Auditoría Superior del Estado y uno de la Secretaría de la Función Pública. En total nueve integrantes.

Derivado de que solo se crearía una nueva figura (la del Representante Ciudadano), no se estaría generando más burocracia, y al contrario, se abriría la puerta a la voz de la sociedad no identificada con un proyecto partidista. A su vez, debe quedar claro que los funcionarios ya existentes no recibirán remuneración extra alguna por esta nueva labor pública. Los objetivos que se persiguen con ello es ampliar el diseño y los esfuerzos institucionales y políticos en la prevención, detección y denuncia de actos de corrupción en todos los niveles. Zacatecas, por ejemplo, cuenta en su división político-territorial, con 58 municipios; es imposible que ante un reto de ese tamaño, las agencias estatales locales, atiendan los múltiples conflictos que este complejo fenómeno presenta. La articulación al nivel más micro-institucional, permite alcanzar las metas en este sentido. Hay que volver a pensar en la lógica local, seguro al final del día, será la primera que nos permitirá recuperar la confianza y legitimidad de las relaciones Estado sociedad.

*Una versión de este texto fue presentada como trabajo de análisis en el Diplomado Transparencia y Seguridad Jurídica del Instituto Iberoamericano de Liderazgo y la Fundación Ortega y Gasset.

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