Recientemente en México, se llevó a cabo la reforma en materia anticorrupción más trascendente de nuestra historia. Originada por diversos escándalos de corrupción, dicha reforma dio origen al entramado institucional conocido como Sistema Nacional Anticorrupción, que crea instancias, articula y mejora agencias del Estado, así como permite la participación ciudadana.

El Sistema Nacional Anticorrupción integró al Comité de Participación Ciudadana, conformado por cinco ciudadanos que deben acreditar calidad técnica y prestigio social, así como trayectoria en materia de rendición de cuentas, transparencia y control gubernamental. Otorga legitimidad a la Secretaría de la Función Pública (Contraloría Gubernamental), al establecer que su titular debe ser confirmado por el Senado de la República. Amplía las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, instancia con autonomía técnica y presupuestal de la Cámara de Diputados para vigilar el uso y gasto del presupuesto federal; mejora el diseño de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción; creó el Tribunal de Justicia Administrativa, que a su vez tendrá la última palabra en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; y finalmente agregó a estas instituciones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como a la Judicatura Federal, órgano de control y vigilancia del Poder Judicial. Este esquema, con cierto margen de configuración, ha sido replicado en las 32 entidades federativas mexicanas.

La estructura además creó el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, mediante la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que será encabezado por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, es decir por un ciudadano. También se promulgó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, homologando así criterios, ampliando conceptos e innovando a su vez figuras jurídicas e hipótesis de derecho que permiten la inserción de mejores prácticas internacionales en materia de combate a la corrupción, por ejemplo la prevención, identificación, denuncia y persecución de posibles conflictos de intereses.

En algunos casos, como el del Estado de México (centro del país), se posibilitó la creación de Sistemas Municipales Anticorrupción, lo que significa un importante esfuerzo en el sentido correcto: el municipio, con una amplísima historia política- comunal en México, tienen una lógica de cercanía e identidad única en comparación con los otros dos niveles de gobierno (estatal y federal). Además permite que la ciudadanía identifique la inmediata correlación entre la calidad de los servicios públicos más cotidianos, con la efectividad del combate a la corrupción.

En Zacatecas, no se previeron tales figuras y solo se asimiló el modelo federal, por lo que la propuesta sería la siguiente: la creación, o cuando menos, la posibilidad abierta, para que todos aquellos municipios que así lo deseen, pero obligatorio para los municipios con una población mayor a los cincuenta mil habitantes, de una Comisión Municipal Anticorrupción (CoMunA), con la siguiente integración: Un presidente, que será un ciudadano electo, mediante mecanismo democrático, abierto y transparente por la sociedad; un secretario técnico, que será el contralor municipal (figura ya existente), el titular de la Unidad de Transparencia del Municipio (figura también ya existente), el síndico, dos regidores de las dos principales fuerzas políticas de oposición representadas en el Cabildo, un representante del Alcalde y a su vez, un representante de la Auditoría Superior del Estado y uno de la Secretaría de la Función Pública. En total nueve integrantes.

Derivado de que solo se crearía una nueva figura (la del Representante Ciudadano), no se estaría generando más burocracia, y al contrario, se abriría la puerta a la voz de la sociedad no identificada con un proyecto partidista. A su vez, debe quedar claro que los funcionarios ya existentes no recibirán remuneración extra alguna por esta nueva labor pública. Los objetivos que se persiguen con ello es ampliar el diseño y los esfuerzos institucionales y políticos en la prevención, detección y denuncia de actos de corrupción en todos los niveles. Zacatecas, por ejemplo, cuenta en su división político-territorial, con 58 municipios; es imposible que ante un reto de ese tamaño, las agencias estatales locales, atiendan los múltiples conflictos que este complejo fenómeno presenta. La articulación al nivel más micro-institucional, permite alcanzar las metas en este sentido. Hay que volver a pensar en la lógica local, seguro al final del día, será la primera que nos permitirá recuperar la confianza y legitimidad de las relaciones Estado sociedad.

*Una versión de este texto fue presentada como trabajo de análisis en el Diplomado Transparencia y Seguridad Jurídica del Instituto Iberoamericano de Liderazgo y la Fundación Ortega y Gasset.

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