Frente al evidente desgaste en el que se encuentra el sistema democrático liberal en todo el mundo, partidos políticos, académicos, gobiernos enteros y actores públicos en general han recurrido a la permanente interrogante ¿cómo rescatar a las repúblicas del complejo momento por el que atraviesan, en su relación más importante: la del Estado con sus ciudadanos? No hay en absoluto en este texto una solución, pero sí una aproximación a un concepto que ha venido irrumpiendo, y cuya base resultaría del sentido común más elemental y que sin embargo ha sido abandonado hace años por las instituciones y sus operadores, los servidores públicos: la apertura a no perder nunca el carácter, la inquietud y el rol de ciudadano.

Se ha visto como el enfoque racional de las políticas públicas ha resultado no solo en estrategias fallidas, sino adicionalmente impopulares. No podría ser de otra manera cuando los tecnócratas han infestado al Estado, arrojando a los políticos (en el sentido bondadoso y vocacional del término) a tareas meramente electorales: los servidores públicos con sensibilidad social como medio, y los expertos como fin, sin que exista nexo alguno con la legitimidad, razón misma de la política y base indispensable, inherente e inevitable de todo Gobierno, en cualquier ámbito, órgano o nivel del que se trate. Hay que decir, en favor de los racionalistas, que los políticos tradicionales, solían abandonar abusivamente la técnica, lo que también golpeó severamente a la democracia (y en México, a la legitimidad de la que gozó el ogro filantrópico, en palabras de Octavio Paz). Luego entonces ¿cuál es la justa media que permitiría al Estado, la política, la democracia y los servidores públicos retornar hacia la legitimidad, la confianza y la hoy necesaria y urgente colaboración? Podríamos aproximarnos a una vía (no única, no confirmada, debatible) que es la del Estado Abierto (es decir: Gobierno, Parlamento y Tribunales Abiertos).

Habrá que enunciar apenas los principios mayormente aceptados del Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración. Es evidente que además de otorgar información fidedigna para las decisiones (transparencia), para lograr el involucramiento y luego la plena disposición a aportar soluciones a la problemática común, debe existir un mecanismo de comunicación entre instituciones y ciudadanía funcional, diferente a los actuales que informan en una sola vía; y de sensibilidad y apertura para la recepción de inconformidades, demandas, denuncias incluso, e incentivar la confianza que se requiere para la emisión de propuestas de solución. No es posible lograr esto sí se gobierna desde el buró, desde la élite intelectual-racional y menos aún a la distancia que genera la posición entre autoridad y gobernado. El esquema vertical no solo crea desconfianza, también afecta la calidad de la información que se recibe. Aquí reside la importancia de que no solo sea el Poder Ejecutivo el que implemente una política de apertura institucional, sino también los Legisladores (que en teoría estarían obligados a hacerlo) y los jueces (cuya distancia del ciudadano es histórica). Al Gobierno un paradigma horizontal le permitiría entender mejor qué problema está en la agenda social, para diseñar políticas públicas que se retroalimenten no sólo en las teorías, sino en los casos concretos; al Legislativo, le abriría la oportunidad de entender qué normatividad y pronunciamientos le urgen e importan a sus representados y cuáles son las hipótesis jurídicas que hay que construir para alcanzar el objetivo mismo de las leyes; y finalmente a los Tribunales, les aportaría elementos suficientes para dotar a sus sentencias y medidas de claridad lingüística, y beneficiaría la obligada búsqueda de legitimidad democrática en la que debe estar inmerso el Poder Judicial, cada vez más central en nuestra vida pública. Ante la duda de cómo lograr un enfoque socio-céntrico (utilizado por el teórico del Gobierno Abierto, Oscar Ozlak), la respuesta podría estar en no perder nunca el rol de ciudadano una vez en el servicio público y/o el papel de autoridad: pensar como ciudadano, dudar como ciudadano, cuestionar como ciudadano, con las preguntas, expectativas, experiencia, problemática y creatividad cotidiana que las personas, en lo individual y en lo colectivo, implementan para solucionar los conflictos que le aquejan día con día, en pocas palabras ser un ciudadano irrenunciable y permanentemente.

@CarlosETorres_
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